Investiga oficina del gobierno de EE.UU. denuncias de comunidades Chinantecas sobre el proyecto hidroeléctrico cerro de oro

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Tuxtepec, Oaxaca, México – Esta semana, las comunidades oaxaqueñas de Paso Canoa y Santa Úrsula presentaron sus preocupaciones sobre el proyecto hidroeléctrico Cerro de Oro a investigadores del gobierno estadounidense.  Los investigadores se encuentran en la región en respuesta a una denuncia presentada por las comunidades en noviembre de 2010 sobre violaciónes de las normas del proyecto y los impactos en el medio ambiente, salud, viviendas, seguridad alimentaria y fuentes de ingreso que ya están dando con el proyecto.  La construcción del proyecto comenzó en junio de 2010. Las empresas ejecutoras del proyecto no informaron a los habitantes sobre el proyecto o sus impactos, en clara violación a los criterios que los financiadores impusieron para llevar a cabo consultas con las comunidades afectadas.

El proyecto está financiado por la Corporación Privada de Inversión en el Exterior (OPIC por su nombre en inglés), una agencia federal de los EE.UU. OPIC proporcionó USD$ 60 millones a Conduit Capital Partners, una sociedad de inversión de Nueva York, que, en colaboración con la empresa mexicana Electricidad de Oriente, son las ejecutoras del proyecto.

El proyecto hidroeléctrico actual aprovecha de la presa Cerro de Oro, que fue construido en los 1980s y desplazó unas 26.000 personas. “Estamos peor que estábamos antes de la presa Cerro de Oro fue construida, y con este proyecto, nos preocupa que no tendremos nada que dejar a nuestros hijos. Los ancianos y los jóvenes, hombres y mujeres, todos somos afectados por este proyecto,” dijo Rosa González Hernández de Santa Úrsula.

Los residentes de las comunidades se reunieron con el equipo de investigación de la OPIC en las asambleas de la comunidad y durante las visitas a las zonas afectadas, donde se explicaron sus preocupaciones urgentes. Miembros de la comunidad mostraron al equipo de investigadores de la OPIC los daños a las casas causados por explosivos, los sitios donde cientos de árboles han sido talados, y los  daños al hábitat de los animales y plantas.

Los impactos futuros incluyen la desviación del agua del Río Santo Domingo y la alteración irrevocable del Arroyo Sal. Las comunidades temen perder hábitats criticas de los peces y los animales, así como fuentes importantes de agua para uso doméstico, la pesca y el riego. “La empresa está dinamitando muy cerca de la cortina de la presa,” dijo Fidencio Flores Rico, Presidente del Comisariado Ejidal de Paso Canoa. “Nunca hemos visto nada por escrito para asegurarnos que estas explosiones no agrietan a la cortina de la presa y acabar con todos nosotros.”

Las comunidades están pidiendo que los investigadores de la Oficina de Rendición de Cuentas de la OPIC ayudarles a obtener información sobre el proyecto y sus impactos, y que la empresa respeta todo sus derechos. Tienen la esperanza de los investigadores para que puedan abrir un proceso de diálogo con la empresa para resolver sus inquietudes.

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