| El texto que tienen en sus manos es el resultado de una investigación que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), Oxfam México y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), solicitaron al colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC). Este organismo internacional tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde 1981. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el n de contribuir a la tarea de supervisión del CDESC, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país.
En este contexto se definió ofrecer al organismo internacional información actualizada sobre las personas desalojadas entre 2006 y 2016 por las presas hidráulicas e hidroeléctricas. Para obtener los datos se emplearon fuentes oficiales, artículos de prensa y textos académicos. El resultado del análisis es contundente: en la mayoría de los casos de proyectos ya construidos, las personas desplazadas son borradas del mapa del “desarrollo”. Tan es así que existe algún tipo de información sólo de 5 de los 35 proyectos estudiados con mayor amplitud, es decir, de 14% del total, lo que implica la violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos relacionados de estas personas y convierte su desalojo en ilegal. Al revisar la información ofrecida, el CDESC definió emitir una recomendación específica al Estado mexicano sobre desalojos forzosos. |
