A 5 años del anuncio público del proyecto la CFE la paraestatal ha dicho que la fase de estudios ha terminado y que se encuentra aún en la etapa de consecución de anuencias, pero asegura que el proyecto está sembrado en la región. Declara también que se ha conformado un grupo de operadores políticos encargados de lograr las anuencias, que ha replanteado el esquema técnico inicial del proyecto por cuestiones sociales. En sus evaluaciones la CFE argumenta que las inercias institucionales impiden que los tomadores de decisiones no se convenzan de los procesos participativos y de consulta además identifica que la población está acostumbrada a recibir apoyos y no a la gestión en la búsqueda de actividades productivas.
A 4 años de habernos conformado como un movimiento regional de base, con presencia en 5 municipios y más de 40 comunidades de pueblos chatinos, mixtecos, negros y mestizos integrados en el COPUDEVER, con el respaldo de asambleas comunitarias y autoridades municipales y agrarias, nos declaramos como un movimiento pacífico que tiene como principal demanda la defensa del Río Verde, y la búsqueda de alternativas que posibiliten la vida de los seres humanos y la naturaleza.
Hoy las organizaciones, los municipios, comunidades agrarias y ejidos que integramos el COPUDEVER DEMANDAMOS:
- Se modifique la matriz energética nacional, el modelo de privatización de la energía eléctrica y la estrategia nacional de cambio climático; donde hasta ahora solo participa el gobierno y hay una total ausencia de los pueblos indígenas, campesinos y ciudadanía.
- Se cancele el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna.
- Reconocer que las presas contribuyen en gran medida al calentamiento del planeta.
- Replantear el marco legal constitucional de los derechos colectivos y las propiedades comunales. Evitar que las leyes sigan permitiendo la privatización, el monopolio y la sobreexplotación.
- Se reconozca los derechos de los pueblos indígenas consagrados en pactos y acuerdos internacionales, sobre todo el derecho a decidir el modelo de desarrollo que queremos y el derecho a decidir la aceptación o el rechazo de proyectos.
- Se respete el derecho a las reglamentaciones territoriales propias, que tienen como finalidad proteger y conservar los distintos ecosistemas, su acceso y administración.
- Que las propias comunidades agrarias, ejidos, municipios definan la política de manejo de cuencas, sin la tutela del gobierno.
- Se reconozca y se respete la decisión de las asambleas comunitarias donde se rechazó el proyecto.
- La salida de la región del personal de la Oficina de Promoción del Proyecto, dependiente de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
- Se hagan públicos los estudios de factibilidad: diagnostico socio-antropológico y económico, la investigación de la flora y la fauna del área de influencia del proyecto; los estudios técnicos del agua, uso y manejo del suelo y cuenca, el diagnóstico ambiental del ecosistema de manglar y vegetación acuática sumergida en los Sistemas Lagunares de Salina, Chacahua, Pastoría y Desembocadura del Río Verde, entre otros.
- Se deje de condicionar los programas sociales en las comunidades que han rechazado el proyecto, así también que no se otorguen obras sociales a cambio de las anuencias.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 15 de abril de 2011.
¡Ríos sin presas, Pueblos Vivos!